Cabeza visible de la mafia inmobiliaria peninsular y beneficiario directo de la impunidad que el gobierno federal de Morena le prodiga a su esposa Gabriela López Gómez, senadora suplente por Quintana Roo y asesora de lujo de la campaña a la gubernatura de Joaquín Díaz Mena (a) “El Huachibom”, Arturo Millet Reyes, abogado agrario de exgobernadores, empresario y ladrón consumado, se encuentra ahora bajo proceso penal por el delito de abuso de confianza equiparado, enfrentando una demanda que asciende a más de $117 millones.
Protagonizando una actuación magistral, propia de la creatividad de “La niña de los Logos” y brazo derecho de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el inculpado, conocido por sus viajes en avión a Estados Unidos y México, se presentó en silla de ruedas ante los tribunales. Sin embargo, gracias a la determinación de los jueces Antonio Bonilla y José Enrique Sáenz Dzul, se le han impuesto nuevas medidas cautelares.
Ayer, en una maratónica audiencia que se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, se decidió que Millet Reyes deberá portar un localizador electrónico (brazalete) y se le prohibió salir de Yucatán hasta el año 2025.
Los abogados de los afectados, liderados por Rafael Ortiz Ley y Lucely Canto, junto con el despacho Herrera Aussin, presentaron pruebas contundentes que demostraron cómo Millet ha intentado retrasar el proceso con recursos frívolos e improcedentes, incluyendo la presentación de documentos falsos.
Frente a esta evidencia abrumadora y su flagrante intento de engañar a la justicia, Millet enfrentará cargos por el delito de abuso de confianza equiparado,resultado de su negativa a entregar inmuebles o devolver el dinero a un grupo de inversionistas yucatecos. Todo esto mientras lleva consigo un dispositivo de seguimiento en el tobillo.
El historial delictivo de Millet es extenso. A pesar de una condena previa que incluía una multa de 2.8 millones de dólares y una supuesta sentencia de 4 años de prisión, que no cumplió íntegramente, Millet continúa evadiendo sus responsabilidades financieras. Como consecuencia, todas sus empresas constructoras e inmuebles han sido embargados para garantizar la restitución del dinero mal habido.
El modus operandi de Millet ha sido respaldado por jueces corruptos, como el caso del juez Sáenz Dzul, quien en repetidas ocasiones favoreció al empresario con aplazamientos injustificados de audiencias.
