En medio de la polémica generada por la investigación en su contra por un presunto autosecuestro, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, promovió la realización de auditorías y revisiones al manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento.
Durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, la edil presentó una propuesta para solicitar formalmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la práctica de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y al primer semestre de 2026. La iniciativa fue respaldada por unanimidad de los integrantes del Cabildo.
Además, planteó la realización de una auditoría financiera integral que permita revisar y validar la administración, aplicación y ejercicio de los recursos municipales, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el gobierno local.
Al defender la propuesta, la alcaldesa afirmó que la rendición de cuentas debe asumirse como un compromiso permanente con la ciudadanía y sostuvo que los habitantes de Tenancingo tienen derecho a conocer la manera en que se utilizan los recursos públicos.
La solicitud ocurre en un contexto complicado para la administración municipal. Recientemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México imputó a Nancy Nápoles por el delito relacionado con una presunta simulación de secuestro, tras la denuncia presentada por la propia funcionaria el pasado 31 de mayo.
De acuerdo con las investigaciones de la autoridad ministerial, la alcaldesa habría participado junto con familiares y otras personas en un supuesto plan para fingir el secuestro y obtener recursos públicos. En el caso también figuran personas que ya fueron detenidas como parte de las indagatorias.
Por su parte, la presidenta municipal ha rechazado los señalamientos y aseguró que existe una manipulación de la información. Asimismo, afirmó que detrás de las acusaciones se encuentran funcionarios subordinados a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
Mientras avanzan las investigaciones, la petición de auditorías busca someter las finanzas municipales al escrutinio de las autoridades fiscalizadoras, en un escenario marcado por el debate público y las acusaciones en torno a la administración local
