— Cerca de 200 habitantes de Hunucmá retomaron este día la posesión del predio conocido como Chanhalal, identificado como tablaje 6, luego de que, según señalaron, un juez federal emitiera una resolución que reconoce nuevamente sus derechos sobre esas tierras.
Mujeres, hombres y familias enteras acudieron al terreno para instalar un campamento permanente con el objetivo de resguardar la propiedad y evitar posibles intentos de desalojo o despojo. Los pobladores aseguraron que permanecerán en el sitio de manera indefinida mientras continúa el proceso legal.
Durante la movilización estuvo presente el representante legal del grupo, Ronald Uc Puerto, quien afirmó que cuentan con documentación oficial y resoluciones judiciales que respaldan la posesión legítima del predio. Explicó que el reciente fallo federal habría sido determinante para revertir procesos previos relacionados con la propiedad de las tierras.
El conflicto por Chanhalal mantiene relación directa con el desarrollo inmobiliario NOVA VITA COUNTRY CLUB, proyecto que desde hace varios años se encuentra envuelto en controversias por presuntas irregularidades en la adquisición, comercialización y lotificación de aproximadamente mil 15 hectáreas en la zona poniente de Yucatán.
De acuerdo con los inconformes, la resolución judicial habría dejado sin efecto operaciones de compraventa y procesos de división de terrenos realizados anteriormente, beneficiando a cerca de 300 personas que emprendieron acciones legales para recuperar las tierras.
En el lugar, los habitantes reiteraron que su lucha no solo busca recuperar el patrimonio de sus familias, sino también exigir claridad y transparencia en torno al manejo de terrenos vinculados al crecimiento inmobiliario en el estado.
El caso continúa generando incertidumbre entre compradores e inversionistas relacionados con el proyecto inmobiliario, quienes permanecen a la espera de que las autoridades definan el rumbo legal definitivo del conflicto.
La situación en Chanhalal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la tenencia de la tierra en Yucatán, en medio del acelerado crecimiento inmobiliario y los conflictos entre desarrolladores y comunidades que reclaman derechos históricos sobre diversos predios del estado.
