De pronto, Rolando Zapata Bello habla fuerte. Opina, advierte, compara, se indigna y cuestiona. El mismo que gobernó Yucatán de 2012 a 2018 hoy se asume como una especie de vigilante del poder público, crítico severo de las decisiones actuales y defensor del equilibrio democrático. El giro no pasa desapercibido.
Durante su administración, el discurso fue distinto: institucional, mesurado, reservado. Sin embargo, en esos años también hubo observaciones millonarias derivadas de auditorías, señalamientos en el sector salud, cuestionamientos por obras públicas y observaciones en el manejo de recursos federales. Nada que haya derivado —hasta ahora— en sentencias judiciales firmes en su contra, pero sí en un cúmulo de dudas administrativas y políticas que marcaron su sexenio.
Hoy el tono es otro. Se habla de centralización del poder desde un partido que gobernó durante décadas sin contrapesos reales. Se invoca la transparencia desde una gestión que dejó más de 30 denuncias administrativas posteriores. Se apela a la moral pública mientras continúan flotando interrogantes sobre contratos, asignaciones y presuntas redes de influencia señaladas en su momento por medios y órganos fiscalizadores.
Opinar no es delito. Cuestionar al poder tampoco. El debate público es parte esencial de la democracia. Lo que llama la atención es la memoria selectiva y el momento elegido para alzar la voz. Cuando el PRI perdió el control del tablero político, varios de sus cuadros redescubrieron el lenguaje de los contrapesos, la rendición de cuentas y la defensa institucional.
Zapata Bello intenta posicionarse ahora como analista preocupado por el rumbo del estado y del país. Pero la pregunta que inevitablemente surge es qué representa hoy ante el electorado: ¿una renovación auténtica o el mismo modelo político que muchos ciudadanos decidieron dejar atrás en las urnas?
En Yucatán, la memoria política pesa. Y aunque el tiempo suaviza discursos, no borra antecedentes. El debate está abierto, pero también el archivo.
