La ley que restringe la venta, distribución y obsequio de refrescos y alimentos calóricos a menores de edad, aprobada en el Congreso de Oaxaca, no cambia la realidad; es difícil de implementar, afectará a los más pobres, tiene vacíos legales y es inconstitucional, señalaron especialistas.
Luis Carlos Ugalde, experto en legislación y Diana Bernal, especialista en derecho del contribuyente, señalaron los inconvenientes de esta reforma concretada el pasado 5 de agosto. Respecto al hecho de que las políticas públicas en materia de salud son del ámbito federal y la discusión sobre si un congreso local está facultado para legislar sobre la disminución de los niveles de obesidad infantil, Ugalde expresó que la ley “es difícil de implementar, tiene muchos visos de ilegalidad e inconstitucionalidad y la gente no va cambiar sus hábitos de consumo porque le prohíbas comprar unas papas en la tienda”.
Señaló que ésta nueva ley representa un problema de implementación, ya que no hay manera de vigilar que esta se cumpla en los distintos establecimientos comerciales, como los mercados públicos.
Por otro lado, Diana Bernal indicó que la reforma no ayuda a combatir los altos índices en padecimientos como obesidad o diabetes.
En el aspecto económico, Bernal señaló que es “terrible” la restricción de productos en el contexto de la pandemia y las graves afectaciones que ha dejado, señalando que en estos momentos es cuando menos debe prohibirse el comercio.
“Muchos misceláneos y tiendas de la esquina han visto reducidas sus ventas por la pandemia y la falta de dinero. En estos momentos en que tenemos una crisis económica, pérdidas de empleo y poco consumo, lo que menos deberíamos hacer es restringirlo”.
De acuerdo con Ugalde, la ley restringe el derecho al libre comercio, afecta la competencia económica así como los principios de libertad individual.
Comerciantes oaxaqueños refieren que la ley será “letra muerta”, debido a que 30 por ciento de sus productos tiene alto valor calórico.
