La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Mérida) entregó el pasado 7 de mayo constancias de acreditación a 140 asesores y asesoras inmobiliarias de Yucatán que cumplieron con un total de 40 horas de capacitación, como parte de los requisitos para obtener la licencia inmobiliaria en el estado.
Claudia Pérez Aguilar, Presidenta de AMPI Mérida destacó el compromiso de las personas que cumplieron con el requisito de capacitarse y actualizarse en temas referentes al sector pues demuestran responsabilidad con sus clientes y con la profesionalización del sector.
La Presidenta detalló que AMPI Mérida es uno de los entes autorizados por el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán (Insejupy) para impartir cursos de formación que doten de herramientas que les permitan a las personas interesadas ejercer su labor de manera más profesional.
Agregó que en este primer bloque se impartieron más de 100 horas de capacitación divididas en 22 módulos y 4 bloques que abarcaron temas como intermediación inmobiliaria, obligaciones para agentes inmobiliarios, NOM – 247, contratos e instrumentos del marco legal inmobiliario, fundamentos fiscales, uso de plataformas catastrales, entre otros.
Desde el 2024 se realizaron modificaciones a las legislaciones pertinentes para agregar cambios relacionados al Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios quienes deberán contar con una licencia para prestar sus servicios en el Estado.
Para obtener la licencia inmobiliaria las personas interesadas deberán cursar 40 horas de capacitación en centros acreditados y 10 horas en cursos impartidos por el propio Insejupy.
Estas modificaciones surgieron como una demanda de la sociedad ante la amplia oferta de bienes inmuebles y la llegada de inversionistas y nuevos residentes que ven un gran potencial en el Estado.
Ante esto, la AMPI Mérida se posicionó como uno de los principales centros de capacitación y formación para personas asesoras inmobiliarias, demostrando su compromiso con el sector y con las personas que estén interesadas en adquirir, vender o arrendar bienes inmuebles en el Estado.
