El senador Jorge Carlos Ramírez Marín abordó el proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que el caso representa una oportunidad para discutir el combate al llamado huachicol fiscal desde una perspectiva que vaya más allá de las detenciones.
En una nueva edición de sus “Crónicas desde el Senado”, el legislador explicó que la diferencia entre este expediente y otros relacionados con el contrabando de combustibles radica en que, además de investigar a los operadores de la presunta red, las autoridades buscan determinar quién obtuvo el beneficio económico de las operaciones.
Ramírez Marín señaló que la empresa Ingemar, vinculada a Ruffo, adquiría combustible a una empresa importadora que, presuntamente, declaraba el ingreso de apenas 20 mil litros por pipa cuando las unidades transportaban alrededor de 110 mil litros, lo que habría permitido evadir una importante cantidad de impuestos.
De acuerdo con lo expuesto por el senador, la Fiscalía General de la República (FGR) estima que el presunto fraude fiscal supera los 4 mil millones de pesos. Añadió que, pese a que algunos actores del PAN han señalado que el problema del huachicol fiscal asciende a cifras mucho mayores, ello no modifica las investigaciones que actualmente se siguen en este caso.
El legislador también destacó que uno de los elementos relevantes de la indagatoria es que la empresa relacionada con Ruffo habría adquirido la mayoría de las acciones de la compañía importadora poco antes del aseguramiento de ferrotanques realizado por las autoridades, lo que forma parte de las líneas de investigación de la FGR.
Ramírez Marín enfatizó que, hasta este momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial y que será en los tribunales donde la Fiscalía deberá demostrar la validez de las pruebas presentadas para acreditar los delitos imputados.
“Lo diferente en este caso es que las investigaciones no se quedaron únicamente con quienes operaban la red, sino que buscan establecer dónde terminó el dinero y quién obtuvo los beneficios económicos”, sostuvo.
Finalmente, el senador reconoció la relevancia histórica de Ernesto Ruffo como el primer gobernador de oposición en México, pero subrayó que ese antecedente no lo exime de responder ante la justicia si se acredita que obtuvo beneficios derivados de actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de combustibles.
