Declaraciones realizadas por la diputada local Clara Rosales durante una visita a la colonia El Roble generaron controversia luego de que asegurara que bastaría reunir firmas vecinales y mostrar “buena voluntad” para que el Ayuntamiento instale luminarias en calles donde actualmente no existen viviendas.
La propuesta fue presentada como una solución inmediata a las peticiones ciudadanas; sin embargo, especialistas y actores políticos señalaron que este tipo de obras públicas se rigen por normativas federales estrictas, particularmente cuando se financian con recursos del Ramo 33.
Recursos federales con reglas claras
El Ramo 33 —principal fuente de financiamiento para infraestructura social municipal— establece lineamientos técnicos y legales que obligan a que las obras beneficien directamente a población identificable y en condiciones de rezago. Entre estos criterios se encuentra la necesidad de acreditar un porcentaje mínimo de habitantes beneficiados para justificar la inversión.
De acuerdo con dichas reglas, la instalación de alumbrado público en zonas sin viviendas o con escasa población difícilmente podría autorizarse, ya que el objetivo del fondo es mejorar la calidad de vida de comunidades existentes y no intervenir en áreas despobladas.
Señalamientos de posible uso discrecional
Analistas locales advirtieron que ignorar estos lineamientos podría derivar en observaciones por parte de órganos fiscalizadores e incluso en sanciones administrativas por uso indebido de recursos públicos.
La polémica también radica en que la legisladora habría exhortado al Ayuntamiento de Mérida a actuar en un sentido que podría contravenir la normativa federal, pese a que regidores de su mismo partido participan en la supervisión y aprobación de dichos fondos bajo los mismos criterios legales.
Contraste con el discurso federal
El episodio adquiere mayor relevancia en el contexto del discurso de austeridad y apego a la legalidad promovido por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, que ha insistido en el uso transparente y técnico de los recursos públicos.
Para críticos de la postura de Rosales, prometer soluciones inmediatas a problemáticas complejas sin considerar los requisitos normativos puede generar expectativas difíciles de cumplir y eventual frustración entre la ciudadanía.
Debate sobre cercanía política vs. viabilidad técnica
La discusión reavivó el debate sobre los límites entre la gestión política y la administración pública. Mientras algunos sectores interpretan la propuesta como un intento de atender demandas vecinales, otros consideran que ofrecer soluciones inviables legalmente constituye una práctica que prioriza la exposición mediática sobre la planeación técnica.
Hasta el momento, la diputada no ha emitido una aclaración pública sobre los señalamientos ni sobre la factibilidad real de la propuesta planteada durante su recorrido.
