Desde hace al menos dos años comenzaron a surgir desarrolladores ambientales que, bajo el amparo de vacíos de regulación y metodologías, están cometiendo abusos con los que ya han acaparado entre el 50 y el 75 por ciento de los bonos de carbono destinados para las comunidades rurales, a través de contratos leoninos.
Así lo informó María Luisa Villareal Sonora, asesora para comunidades de la Coalición de Propietarios y Posesionarios de la Cuenca Sur de la Península de Yucatán, quien estimó que al menos nueve de cada 10 poblados de esta región del país que pueden acceder a la mencionada compensación han sido víctimas de estas empresas.
Indicó que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que muchos de estos contratos leoninos son por 30 años y hasta un siglo. Incluso, destacó que ha recibido múltiples quejas de las comunidades con relación a este problema.
“La solución está en fomentar, necesitamos financiamiento, nosotros hemos batallado muchísimo en las comunidades tratando de hacer nuestros estudios y ya te imaginas la presión”, comentó Villarreal Sonora.
En ese sentido, la entrevistada explicó que en la actualidad para que una comunidad pueda acceder a los créditos por bono de carbono debe estar certificada.
“Alguien te tiene que dar un papel que diga que tú estás capturando tantas toneladas métricas de carbono, que es lo que se paga, un metro es una tonelada métrica de carbono, para hacer eso tienes que hacer estudios, eso lo hace un desarrollador con metodologías aprobadas a nivel internacional”, apuntó.
Con información de Agencia SIM
