En un episodio que confirma que en la burocracia electoral también se practica el arte de gastar sin usar, consejeros del Instituto Nacional Electoral responsabilizaron a su presidenta, Guadalupe Taddei, por irregularidades administrativas que derivaron en un quebranto estimado en 672 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión del ejercicio 2025. El hallazgo central resulta difícil de explicar sin ironía: se imprimieron 521 millones de boletas electorales que nunca se utilizaron. Sí, millones de papeletas destinadas a una elección que no las necesitó, pero que sí costaron dinero público. Fallas de planeación… con precio millonario De acuerdo con las observaciones de la ASF, las anomalías se originaron en deficiencias de planeación, administración de contratos y toma de decisiones presupuestales dentro del instituto, particularmente en procesos de adjudicación y control interno. Consejeros electorales sostienen que la Presidencia del INE concentra facultades administrativas clave —nombramientos, supervisión de áreas estratégicas y autorización de contratos—, por lo que atribuyen la responsabilidad directa a Taddei. El consejero Martín Faz calificó la responsabilidad como “absoluta”, especialmente por el nombramiento de Octavio García, quien pasó de ser proveedor a ocupar una posición vinculada con la administración de recursos del organismo. “No fue el Consejo, fue quien firmó” En la misma línea, la consejera Dania Ravel señaló que la supervisión de posibles anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, órgano encabezado por la presidencia del instituto. En consecuencia, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien realizó los nombramientos y autorizaciones, no en el Consejo General en su conjunto. El señalamiento deja ver una dinámica institucional donde, cuando aparecen irregularidades, cada instancia recuerda con precisión quirúrgica cuáles facultades no le corresponden. Boletas que nadie pidió, pero todos pagaron El caso ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos dentro del órgano encargado de organizar las elecciones federales, especialmente en un contexto donde el propio instituto ha defendido reiteradamente la necesidad de presupuestos elevados para garantizar la democracia. La paradoja resulta inevitable: mientras el discurso institucional insiste en la austeridad responsable, la realidad muestra millones de boletas impresas que terminaron sin uso, como si la planeación electoral se hubiera basado en la lógica de “por si acaso”. La auditoría que incomoda Las observaciones de la ASF no implican automáticamente responsabilidades penales, pero sí obligan al INE a aclarar, corregir o solventar las irregularidades detectadas. Dependiendo de las respuestas institucionales, el caso podría escalar a procedimientos administrativos o sanciones. Por ahora, el episodio deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente político: si un organismo autónomo encargado de organizar elecciones no puede prever cuántas boletas necesita, ¿qué tan sólido es su control interno sobre miles de millones de pesos del erario?