En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) algo huele raro… y no precisamente a tubería rota. Mientras miles de usuarios padecen baja presión, fugas eternas y cortes de suministro, en las oficinas del organismo parece fluir con abundancia otro recurso: el gusto por lo fifí.
De acuerdo con versiones internas, el controvertido director de la Japay, Pancho Torres, habría decidido empacar escritorio, sello oficial y hasta las “chivas”, para mudarse al norte dorado de Mérida, específicamente a un edificio de oficinas en Altabrisa, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad. Todo, eso sí, con aire acondicionado, elevadores relucientes y una vibra que poco tiene que ver con la “austeridad republicana”.
La pregunta que resuena entre trabajadores del organismo es simple pero incómoda: ¿quién manda realmente en la Japay?
Porque según los propios empleados, esta mudanza no fue resultado de una necesidad técnica ni operativa, sino de la insistencia de altos mandos de la Subdirección de Administración y Finanzas, ante la cual el director habría optado por doblar las manos… no vaya a ser que alguien se incomode.
El asunto resulta todavía más absurdo cuando se recuerda que la Japay es propietaria de un edificio histórico, inmueble que, en lugar de ser aprovechado, habría sido abandonado para rentar oficinas de lujo con recursos públicos. Un capricho caro, innecesario y, para muchos, insultante.
Todo esto contrasta —y de manera grosera— con el discurso que Morena ha enarbolado durante años contra los excesos del pasado. Hoy, un morenista por conveniencia no tiene empacho en despilfarrar el erario en rentas fifís, mientras el servicio que debería justificar su existencia sigue fallando todos los días.
La incongruencia es evidente:
¿Es lógico que un organismo con serios problemas operativos destine millones de pesos a un arrendamiento en una zona exclusiva?
¿Puede el director general justificar abandonar un inmueble propio para satisfacer preferencias administrativas de escritorio?
¿O es que la prioridad ya no es el agua para la gente, sino la comodidad para los funcionarios?
En pleno clima de destapes, suspirantes y acomodos políticos rumbo al próximo proceso electoral, decisiones como esta comienzan a leerse no solo como errores administrativos, sino como mensajes políticos claros: aquí hay quienes no comulgan con la austeridad, pero sí con el confort de primer nivel.
Hasta ahora, nadie dice esta boca es mía. No se ha transparentado el monto total del arrendamiento, ni Pancho Torres ha explicado por qué se prefirió gastar en oficinas privadas en lugar de invertir esos recursos en mejorar la infraestructura hidráulica que tanta falta le hace a Mérida.
Cuando un servidor público se sirve del poder en lugar de servir a la ciudadanía, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una urgencia política. Porque los errores garrafales no solo exhiben incompetencia: ponen en aprietos a toda una institución
