México tiene un delincuente en la Presidencia, advierte el Consejo Empresarial Mexicano

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México tiene a un delincuente en Presidencia, que constantemente viola la ley y manipula a la gente con acciones y declaraciones que faltan al Estado de Derecho y al marco legal del país. El Consejo Empresarial Mexicano establece que durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha violado constantemente la ley, especialmente en el ámbito político, electoral y judicial.

Lo anterior lo ha hecho mediante un doloso manejo de su influencia hacia los otros poderes, en especial al legislativo, al sojuzgar de forma absoluta a los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, lo que terminó siendo un evidente sometimiento de un poder hacia otro.

El organismo empresarial considera que un claro ejemplo de estas violaciones de la Presidencia al Estado de Derecho, es el reciente caso de acción legal en contra de María Amparo Casar, analista política y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Este tipo de determinaciones o declaraciones por parte de López, generalmente tienen una “segunda intención”, por encima de la argumentada, de carácter político, electoral o incluso personal, por lo cual diversos actos de presión del mandatario le fueron rechazados cuando pasaron por el escrutinio de la ley.

El Consejo Empresarial Mexicano afirma que, sin duda alguna, López pasará a la historia moderna del país como el que presentó un mayor número de disposiciones o propuestas presidenciales que estaban en su origen fuera del marco de la ley.

Debido a lo anterior, el organismo presidido por Juan Carlos Pérez Góngora, tiene la certeza de que el próximo gobierno de México debe tener como claro objetivo, el permanecer siempre dentro del marco del Estado de derecho.

Para lograrlo, será vital una intensa actuación de la sociedad civil a través de todas las organizaciones que la representen, mediante una acuciosa revisión de las propuestas y determinaciones de los tres poderes, y puntualmente actuar legal o judicialmente en contra de las autoridades que violen el Estado de Derecho en México en beneficio de intereses particulares o grupales.

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