A pocas semanas de concluir el ciclo escolar 2025-2026, el conflicto entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en incertidumbre a más de un millón 390 mil estudiantes de educación básica en México, quienes continúan afectados por el paro indefinido y las movilizaciones magisteriales iniciadas desde el pasado 1 de junio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Oaxaca es la entidad con mayor impacto, al registrar 10 mil 653 escuelas cerradas, lo que representa más del 80 por ciento de sus planteles públicos. También presentan afectaciones significativas Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, estados donde la CNTE mantiene una fuerte presencia y donde miles de alumnos permanecen sin actividades escolares regulares.
La dependencia federal reporta además la participación de 88 mil 106 docentes en las protestas y movilizaciones realizadas tanto en la Ciudad de México como en las entidades involucradas. En términos de matrícula, Oaxaca concentra la mayor cantidad de estudiantes afectados con más de 734 mil alumnos sin clases, seguida por Chiapas con 261 mil, Zacatecas con 217 mil, Guerrero con 117 mil y Michoacán con más de 54 mil.
El paro magisterial impacta actualmente al 8.49 por ciento de las escuelas públicas del país, una situación que genera preocupación ante la cercanía del fin del ciclo escolar y la falta de acuerdos entre las partes. Hasta ahora, no se ha dado a conocer una estrategia oficial para recuperar los contenidos académicos perdidos durante las semanas de suspensión de actividades.
Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el conflicto trasciende las demandas laborales y afecta directamente el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes. El especialista advirtió que tanto las autoridades educativas como la CNTE deberán abordar en las negociaciones el impacto pedagógico generado por la interrupción de clases, recordando que la responsabilidad de garantizar este derecho recae principalmente en el Estado mexicano.
