Cientos de habitantes de San José del Rincón bloquearon vialidades, quemaron unidades y la casa de la presidenta municipal panista Ana María Vázquez, ante el hartazgo por la inseguridad, en particular por las extorsiones.
Los inconformes cerraron con piedras y fogatas la carretera El Oro-Villa Victoria, a la altura del kilómetro 34; también quemaron una unidad de la Secretaría de Seguridad Estatal y retuvieron a un elemento policiaco.
Después, decidieron trasladarse al domicilio de la alcaldesa para llevar su reclamo, debido a que el Palacio Municipal estaba cerrado. La edil tampoco se encontraba en el inmueble, de tal manera que los manifestantes le prendieron fuego; además incendiaron dos camionetas de pasajeros, sin que se tengan reportes de víctimas.
Los pobladores acusan que desde hace varios meses son presa de quienes se identifican como integrantes de un grupo de la delincuencia organizada y les obligan al pago de altos derechos de piso, o han sido víctimas de secuestro e, incluso, han atentado contra sus negocios para obligar el pago.
Refieren que los sectores más afectados por este fenómeno son el campo, el comercio y el transporte público, a quienes se exigen cuotas de al menos 15 mil pesos.
Los vecinos consideran que ocho meses de la actual administración debieron ser suficientes para resolver la problemática, y no descartan que la falta de avances responda a un posible acuerdo para “hacerse de la vista gorda” y permitir la operación de los delincuentes sin restricciones.
En respuesta a los hechos, la Secretaría de Seguridad Estatal decidió reforzar la vigilancia en la demarcación con 350 elementos policiacos.
Mediante un comunicado, el ayuntamiento lamentó y condenó los hechos; acusó que las acciones fueron realizadas por una minoría “causando disturbios, pánico, agresiones y daños a personas, vehículos oficiales y particulares, además de irrumpir en propiedad privada, causando destrozos para después incendiar”.
Calificó los hechos como vandalismo; pidió a los gobiernos estatal y federal intervenir para pacificar, mantener el orden y la tranquilidad de las familias del municipio, pues no se puede justificar la pretensión de hacer justicia por propia mano.
“Haremos uso de toda la fuerza del estado para deslindar responsabilidades y aplicar la ley, sin distinción alguna”, advirtió la administración que, sin embargo, no se refirió a los señalamientos de los vecinos.
En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) condenó los hechos y pidió a las autoridades instalar una mesa de diálogo para resolver los reclamos.
