Rebotan amparo a diputado de Morena y otros cuatro legisladores buscan protección federal en Campeche

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La crisis política al interior del Congreso de Campeche suma un nuevo capítulo. De acuerdo con información difundida en redes sociales por el periodista independiente Leandro E. Dzib Reyes, fue rechazada la solicitud de amparo promovida por el diputado local Antonio Jiménez, luego de que —según se expuso— su defensa legal no logró precisar ni motivar adecuadamente las circunstancias que justificaran la necesidad de protección por parte de la justicia federal.

El revés jurídico no quedó ahí. Ante ese escenario, otros cuatro legisladores de Morena —Omar Talango, Ismael López, Gaspar Nah y María Ávalos— habrían optado por sumarse a la misma estrategia, buscando ampararse de manera preventiva frente a un contexto que califican como adverso y de alto riesgo político-legal.

Órdenes de aprehensión en puerta

Según la versión difundida por Dzib Reyes, la Fiscalía General del Estado de Campeche ya habría librado órdenes de aprehensión, un hecho que eleva considerablemente la tensión en el ámbito legislativo local. Aunque hasta el momento no existe un posicionamiento oficial detallando los delitos o causas específicas, el señalamiento apunta a una escalada judicial con claros efectos políticos.

El periodista sostiene que este movimiento no sería aislado, sino parte de una estrategia para debilitar o incluso “dinamitar” al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, presuntamente impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal.

Ruptura interna y control político

En su publicación, Dzib Reyes sugiere que la intención final sería remover a los legisladores en funciones para dar paso a sus suplentes o, en su defecto, recurrir a quienes siguen en la lista plurinominal, reconfigurando así el equilibrio interno del Congreso y asegurando un mayor control político.

“La terquedad es mala consejera”, advierte el periodista en su análisis, al tiempo que cuestiona quién asumirá la responsabilidad de poner orden en un conflicto que ya trascendió el plano interno de Morena y amenaza con convertirse en un escándalo de alcance nacional.

¿Falló el llamado a la calma?

El conflicto también reaviva el debate sobre la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en días recientes habría llamado a la serenidad, la paciencia y al diálogo ante las disputas internas del partido. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire —planteada por el propio Dzib Reyes— es si ese exhorto resultó infructuoso frente a la dinámica de confrontación que se vive en Campeche.

Mientras tanto, el Congreso local opera bajo un clima de incertidumbre jurídica y fractura política, con legisladores recurriendo a amparos, versiones de órdenes de aprehensión y una lucha interna que exhibe las tensiones de poder dentro de Morena, justo cuando el discurso oficial insiste en la unidad y la transformación institucional.

Por ahora, ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado han emitido una postura detallada que confirme o desmienta los señalamientos. No obstante, el caso ya encendió las alertas y promete seguir generando repercusiones en el tablero político campechano

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En Yucatán, la política dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un reality show de supervivencia interna. Lo que ocurre hoy en Morena no es una administración en funciones, sino un experimento fallido de convivencia donde cada actor juega su propia partida y el gobernador observa, cada vez más solo, cómo su barco avanza entre corrientes de sabotaje, protagonismos y egos desbocados. La escena es clara: el mandatario gobierna en soledad, rodeado por una tripulación que no rema, no obedece y, en muchos casos, parece más interesada en perforar el casco que en llegar a puerto. Morena Yucatán no opera como un proyecto político cohesionado, sino como un archipiélago de feudos donde cada dependencia hace lo que quiere, cuando quiere y —si se puede— sin pedir permiso. La pregunta que retumba en los pasillos del poder es incómoda pero inevitable: ¿quién manda realmente? ¿Quién supervisa? ¿Quién asume responsabilidades? El episodio del IIPEDEY, con una publicación lanzada sin autorización y posteriormente desconocida por el propio gobierno, es la postal perfecta del desgobierno interno. Una dependencia actuando por su cuenta, un gobierno apagando incendios y un gobernador obligado a corregir lo que su equipo jamás debió provocar. Mientras el titular del Ejecutivo busca soluciones, buena parte de sus funcionarios parecen más ocupados en su agenda personal, en el cálculo político o en la construcción de su “marca” rumbo al siguiente proceso electoral. Gobernar, al parecer, quedó relegado a segundo plano. El ambiente, francamente, ya no pide diálogo: exige un golpe seco sobre el escritorio. Hace falta mano firme para recordarle a una tropa extraviada que autonomía no es sinónimo de libertinaje. Resulta penoso observar a diputadas que, con soberbia de influencer, increpan al gobernador en eventos públicos para exigir despidos al calor del aplauso digital, como si la administración pública fuera un live de Instagram. Parecen olvidar —o nunca aprendieron— que la política no es contenido efímero. Acompañar al gobernador a actos oficiales no es para la selfie, el filtro ni los likes. Es para escuchar, entender el mensaje y alinearse. Pero eso exige algo que hoy escasea: disciplina institucional. La deslealtad alcanza su punto más crítico en el Congreso del Estado. Los diputados de Morena, más concentrados en sus aspiraciones para 2027 que en el presente de Yucatán, han decidido regatearle respaldo al gobernador, particularmente con el empréstito destinado al Anillo Metropolitano. Una obra estratégica, necesaria y de largo alcance ha quedado suspendida no por razones técnicas, sino por la soberbia política de personajes que prefieren “no quedar mal” con sus futuros votantes antes que asumir una decisión de Estado. Figuras como Cuevas han optado por dejar mal parado al gobernador antes que apostar por el desarrollo colectivo. Es una actitud mezquina que coloca la ambición personal por encima del interés público y condena al estado a la parálisis por cálculo electoral. En medio de este páramo de lealtades, el contraste es brutal. La funcionaria más eficaz del gobierno —y quizá la única que parece entender el peso de la institución— es la presidenta del DIF estatal. Más allá de ser su compañera de vida, es quien opera con compromiso, seriedad y resultados, mientras el resto del gabinete parece cumplir funciones decorativas. Ella gobierna en la misma frecuencia que el mandatario; los demás, en su propio ruido. Lo que hoy ofrece Morena Yucatán es un detritus político donde la soberbia ha devorado a la eficiencia. Como esos opinadores de redes sociales atrapados en el siglo pasado, muchos funcionarios confunden el poder con un botín y la política con un escenario. No entienden que sin orden, sin disciplina y sin una vacuna efectiva contra la egolatría, el proyecto no será derrotado por la oposición, sino hundido por su propia miseria moral.
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