Un grupo armado identificado como el Bloque Occidental del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, se atribuyó el secuestro de nueve personas, entre ellas funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, en el municipio de López de Micay.
Las víctimas, siete mujeres y dos hombres, participaban en una misión humanitaria para fortalecer la participación ciudadana y entregar servicios sociales, según confirmó el gobernador Cauca, Octavio Guzmán. Sin embargo, en un comunicado, el grupo armado defendió la acción, alegando que los retenidos colaboraban con el Ejército al instalar equipos para neutralizar señales y drones, en el marco de un contrato valorado en 4,100 millones de pesos.
El gobernador Guzmán calificó la retención como una “violación al Derecho Internacional Humanitario” y condenó que se confunda a servidores públicos con combatientes. Además, solicitó la intervención de la Cruz Roja Internacional, organizaciones de derechos humanos y el gobierno nacional para garantizar la liberación inmediata de los rehenes.
El secuestro ocurrió en una zona estratégica del cañón del río Micay, un corredor clave para el narcotráfico y la minería ilegal. Es un territorio de alta conflictividad donde las disidencias, incluido el Frente Carlos Patiño, mantienen su control territorial.
Este ataque se suma a una serie de hechos violentos recientes: en junio fueron retenidos 57 militares por presuntos civiles coaccionados por las disidencias, y en el marco de la operación Perseo se buscó retomar control, sin éxito total. Estos episodios demuestran que las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco continúan operando con poder en la región, afectando tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
