Mérida, Yucatán. Un caso de alto impacto financiero y legal ha encendido las alertas en Yucatán tras la detención de Gabriel Felipe Alatriste Garza, quien fue asegurado en Mérida en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de un proceso penal por su presunta participación en un fraude relacionado con un proyecto de tratamiento de residuos anunciado en 2023 por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por Ciclo Corporativo, el expediente estaría vinculado con un presunto fraude por un millón de euros, situación que ha generado atención por la magnitud económica del caso y por la posible red de personas y empresas relacionadas dentro de la carpeta de investigación.
Según la información judicial, dentro del expediente también aparecen como presuntos implicados Gabriel Ignacio Alatriste Lozano, Wilhelm Dieckmann y Gerhard Pörtl Wandel, quienes forman parte de las líneas de investigación que actualmente revisan las autoridades ministeriales.
Asimismo, en el caso también se mencionan las empresas Sadwing & Murphy Corporation, S.A. de C.V. y Alengo GmbH, cuya posible relación con el proceso forma parte de las diligencias en curso.
Tras su presentación ante la Jueza de Control, Gabriel Felipe Alatriste Garza continuará enfrentando el proceso penal bajo diversas medidas cautelares, entre ellas:
- Uso de brazalete electrónico
- Entrega de visa y pasaporte
- Restricción para salir del estado de Yucatán
- Firma periódica mensual
- Garantía económica impuesta por la autoridad judicial
El caso ha generado fuerte expectativa en los sectores empresarial, político y social debido a que estaría relacionado con un proyecto de infraestructura ambiental anunciado públicamente en 2023.
Hasta ahora, las autoridades ministeriales y judiciales mantienen abierta la investigación y serán quienes determinen el nivel de responsabilidad legal de cada una de las personas y empresas señaladas dentro del expediente.
¿Qué sigue en el caso?
Las próximas audiencias y el avance de la carpeta de investigación serán clave para esclarecer si existieron responsabilidades penales, vínculos financieros o participación corporativa dentro del presunto fraude millonario.
